Administración Pública - SUNASS

Sobre el embargo

El artículo 641 del CPC dice: “Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar embargo. Éste consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de tercero, con las reservas que para este supuesto señala la ley”.

Estamos ante el embargo cuando la pretensión de la demanda es “apreciable” en dinero, esto es, que la pretensión puede valorarse o cotizarse en dinero.

Así, el embargo se define como una afectación jurídica, o sea que se impone un gravamen a un bien o derecho del presunto obligado (demandado), que no desposee,  ya que el bien o derecho sigue ostentándolo el presunto obligado o, en si lo tuviese, un tercero.

El embargo como toda medida cautelar pretende garantizar la efectividad de la sentencia, esto es que el demandante cumpla con su obligación si así lo determinó la justicia.

En el presente mapa conceptual, desarrollamos grosso modo las distintas formas de embargo:

Elementos del Acto Jurisdiccional

Para definir un concepto, es preferible primero determinar cuáles son los elementos de los cuáles éste se compone. Así procede Eduardo Couture, antes de llegar a la definición de la Jurisdicción, considerando los elementos inherentes a la forma, contenido y función del acto jurisdiccional.

Concluyendo, que la jurisdicción es aquella “(…) función pública, realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgad, eventualmente factibles de ejecución” (Couture, pág. 40).

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Couture, E. (1985). Fundamentos del Derecho Procesal Civl. Buenos Aires: Roque Depalma Editor.

La esclavitud en el Derecho Romano

Positivismo Jurídico según Norberto Bobbio

Introducción al Positivismo Jurídico

Investigación preparatoria

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha señalado lo siguiente:

"La etapa de investigación preparatoria presenta a su vez dos subetapas: la primera correspondiente a las diligencias preliminares y, la segunda que corresponde a la investigación preparatoria propiamente dicha" (Casación No 02-2008 - La Libertad, Sala Penal Permanente, Considerando sétimo). 

Aquí les presento un cuadro comparativo de las dos subetapas (o subfases) que incluye la investigación preparatoria como fase inicial del proceso penal. 

El Digesto

Codex

Las leyes romanas de los bárbaros

Codificaciones anteriores a Justineano

La religión de la Ciudad

Capítulo VII                            La Religión de la Ciudad
3. El censo y la lustración       Pág. 222 - 225
La Ciudad Antigua                  Fustel de Coulanges.

El magistrado

Coulanges, F. (1965). La Ciudad Antigua. Barcelona: Obras Maestras.
Capítulo X - El Magistrado - pp. 220-226.

El derecho antiguo

Coulanges, F. (1965). La Ciudad Antigua. Barcelona: Obras Maestras.
Libro III - Capítulo XI - La ley - pp. 226-234
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Mancipatio.- es la forma de transmitir bienes muebles en la antigua Roma (arcaica y clásica). En cada venta se tenía que emplear un trozo de cobre y la balanza, y al comprar el objeto tenía que tocarlo. 

Manuum consertio.- Si se trataba de una propiedad, se transmitía haciendo el rito de combate ficticio. 

"El origen religioso del derecho antiguo también nos explica uno de los principales caracteres de ese derecho. La religión era puramente civil, esto es, especial a cada ciudad: de ella había de derivarse necesariamente un derecho civil." (Coulanges, 1965. p 233).

El extranjero

Coulanges, F. (1965). La Ciudad Antigua. Barcelona: Obras Maestras.
Libro III - Capítulo XII - EL CIUDADANO Y EL EXTRANJERO - pp. 234-239

Polemarca.- es el magistrado que se encargaba de atender las guerras y todas las relaciones con el enemigo.

Proceso Competencial

Sobre el caso Chavín de Huantar

Tomado de: http://diariocorreo.pe/politica/caso-chavin-
de-huantar-corte-idh-fallo-contra-el-peru-598383/

El día de hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú emitida el 17 de abril de 2015.

La sentencia establece que el Estado peruano deberá continuar la investigación que se realiza en nuestro país por la ejecución extrajudicial del emerretista Eduardo Nicolás Cruz Sánchez.

Con respecto a una indemnización, la Corte no exigió esto al Estado peruano; aunque éste deberá pagar por conceptos de costas y costos así como de diligencias periciales a distintas instituciones del mismo organismo internacional.

Para el caso de los emerretistas Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza, la Corte concluyó que no existían elementos suficientes en el proceso internacional para determinar que el Estado peruano haya incurrido en la violación de los derechos expuestos en el Pacto de San José, derecho a la vida (artículo 4) y la obligación de respetar los derechos (artículo 1).

Aquí los documentos, que en adelante estaremos analizando. 

• Comunicado de prensa de la CIDH
• Sentencia del 17 de abril de 2015 (completo).
• Resumen oficial de la Sentencia del 17 de abril de 2015

Cualquier colaboración no dude en escribirnos.

Evaluación de Derecho Procesal Constitucional - USMP

1. Contra La resolución legítimamente estimatoria expedida por la Sala en un proceso de cumplimiento:

a. Procede el Recurso de Reposición  (    )

b. Procede el Recurso de Apelación (    )

c. Procede el Recurso de Agravio Constitucional   (    )

d. No cabe interponer recurso alguno  (     )

2. Por medio de Habeas Data se tutela:

A. El derecho a la autodeterminación informática

B. El derecho al honor.

a. A es falsa   (    )

b. A y B son verdaderas   (    )

c. B es falsa.   (    )

d. A y B son falsas  (    )

3. En el proceso de Habeas Data:

A: El juez puede requerir, de oficio, al demandado la remisión de la información concerniente al reclamante.

B: La parte reclamante puede solicitar la ejecución anticipada.

a. A es falsa   (    )

b. A y B son verdaderas   (    )

c. B es falsa.   (    )

d. A y B son falsas  (    )

4. En los procesos de habeas data y cumplimiento el demandante debe:

A: Requerir al demandado por documento de fecha cierta previo a interponer la demanda.

B: Agotar la vía administrativa en caso de que se hubiese denegado la solicitud y dicha vía previa estuviese regulada.

a. A es falsa   (    )

b. A y B son verdaderas   (    )

c. B es falsa.   (    )

d. A y B son falsas  (    )

5. Si la demanda de cumplimiento es interpuesta luego de tres meses de denegada la solicitud por el órgano demandado la demanda debe ser declarada:

a. inadmisible  (    )

b. Improcedente  (    )

c. Fundada  (    )

d. Infundada   (    )

6. Cuál de los siguientes derechos constitucionales no es protegido por el habeas corpus:

A: El derecho de rectificación de informaciones agraviantes

B: El derecho a decidir voluntariamente el servicio militar

C: El derecho a no ser privado del D.N.I.

a. FFF   (    )

b. VFF   (    )

c. FVV   (    )

d. VVV   (    )

7. En los procesos de amparo; contra la resuelta en el auto de saneamiento procesal procede el recurso de apelación y se concede:

A: Con efecto suspensivo cuando se desestiman las excepciones

B: Sin efecto suspensivo cuando se estima algunas de las excepciones

a. A es falsa   (    )

b. A y B son verdaderas   (    )

c. B es falsa.   (    )

d. A y B son falsas  (    )

8. Respecto de la legitimación activa en el proceso de Amparo:

A: La demanda puede ser presentada por la Defensoría del Pueblo

B: El apoderado requiere acreditar la representación

a. A es falsa   (    )

b. A y B son verdaderas   (    )

c. B es falsa.   (    )

d. A y B son falsas  (    )

9. Contra la resolución del Juez Constitucional de Lima que declara fundada una demanda de Amparo aplicando el control difuso:

a. Procede Recurso de Agravio Constitucional  (    )

b. Procede Recurso de Apelación     (    )

c. Procede Recurso de Queja    (    )

d. No cabe interponer recursos    (    )

10. Si una persona trabajó para una empresa privada que se niega a brindarle copia de sus recibos de sueldo a pesar de haberlo solicitado, usted le aconsejaría recurrir:

a. Al proceso de cumplimiento para que el demandado cumpla con entregar sus recibos.     (    )

b. Al proceso de habeas data para la tutela del derecho de acceso a la información pública     (    )

c. Al proceso de habeas data para la tutela del derecho a la autodeterminación informativa.     (    )

d. Al proceso de amparo para la tutela del derecho al debido proceso corporativo    (    )

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El presente cuestionario es una evaluación de la Universidad San Martín de Porres del curso de Derecho Procesal Constitucional publicado el 12 de junio del presente en CEDC USMP- CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL (página de Facebook).

Análisis de la CASACIÓN No 1440-2010 PIURA - Sobre la Carga de la Prueba

Documento analizado

Sobre el recurso de CASACIÓN N^o 1440-201 PIURA, ésta se declaró procedente por la causal de infracción normativa de los artículos[1] 11 y 70 del Decreto Ley N^o 19990.

Que como se considera el recurso de casación tiene como fines: 1) la aplicación del derecho objetivo al caso concreto y, 2) la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de la República; esto en concordancia al artículo 384[2] del Código Procesal Civil.

Que en su considerando segundo, la Corte Suprema de Justicia de la República, razona que “la infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en el que incurre la Sala Superior al emitir una resolución (…)” según el artículo 386º del Código adjetivo, y como se infiere tiene las causales como “las relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero además incluye otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo”[3].

Siendo procedente el recurso contra la sentencia de la Sala Superior, lo que hace la Corte Suprema de Justicia es señalar en qué causal se incurrió, determinado en el undécimo considerando: “(…) en la sentencia de vista no se ha interpretado correctamente los alcances y significado de los dispositivos normativos denunciados, incumpliendo reglas de lógica, coherencia y suficiencia, (…)[4]”.

imagen tomada de: http://archivo.larepublica.pe/07-07-2013/mef-dicta-
normas-para-afiliacion-de-trabajadores-independientes-a-la-onp

Los dispositivos normativos que se hacen mención, son las reglas para acreditar periodos de aportaciones que el Tribunal Constitucional ha considerado en el Expediente N^o 4762007-2007-PA/TC que tiene la calidad de precedente vinculante. El cual considera que “los certificados de trabajo presentados en original, en copia legalizada o en copia simple, como medios probatorios idóneos y suficientes para demostrar periodos de aportación (…)”.

Que se suma a éste, el trato que se da, por parte del Tribunal Constitucional – criterio que comparte la Sala Suprema -  al “requisito relativo a las aportaciones dentro del Sistema Nacional de Pensiones se origina en la comprobación de la vinculación de naturaleza laboral entre el demandante y la entidad empleadora, y la consecuente responsabilidad, de origen legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad previsional.

Por lo que el demandante cumplió con el más restringido de los tratos a la carga de la prueba; pues ésta, en un común antaño recae sobre quien afirma algo: el demandante afirma que ha cumplido con los requisitos para tener una pensión y que en mérito probatorio ha presentado certificados de trajo – incluso con copias originales -; y que aquel que es demandado tiene la carga de la prueba en la medida que quiere extinguir o modificar lo postulado por el actor, cosa que la entidad pública no ha podido probar. Por lo que se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el demandado.

Por otra parte, qué hay si el demandante no tendría los certificados que apoyen su postulación; incluso en esta situación, la entidad pública tendría que probar la negación de la afirmación del actor, ya que la carga de la prueba no depende solamente de la invocación de un hecho, sino de la posibilidad de producir la prueba, esto en referencia a la prueba dinámica que nuestra jurisprudencia acepta: El Tribunal Constitucional en el Exp. No 1776-2004-AA/TC acepta la doctrina de las cargas probatorias, las cuales consisten en imponer la carga de la prueba en aquella parte que se encuentre en mejores circunstancias o condiciones para producirla, no importando si sea el actor o el demandado.

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[1] “Artículo 11.‐  Los empleadores y las empresas de propiedad social, cooperativas o similares, están obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados obligatorios en el montepío del pago de sus remuneraciones y a entregarlas a Seguro Social del Perú, conjuntamente con las que dichos empleadores o empresas deberán abonar, por el término que fije el Reglamento, dentro del mes siguiente a aquél en que se prestó el trabajo. Si las personas obligadas no retuvieren en la oportunidad indicada las aportaciones de sus trabajadores, responderán por su pago, sin derecho a descontárselas a éstos”.

“Artículo 70.‐ Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días en que presten o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 7 al 13. Son también períodos de aportación las licencias con goce de remuneraciones otorgadas por ley o por el empleador, así como los períodos durante los cuales el asegurado haya estado en goce de subsidio.  

Corresponde al empleador cumplir con efectuar la retención y el pago correspondiente por concepto de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones de sus trabajadores. La ONP, para el otorgamiento del derecho a pensión, deberá verificar el aporte efectivo, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento para dichos efectos.”

[2]  “384º Fines de la casación
El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia.”

[3] De la resolución analizada.

[4] Ídem 

El Contrato de Locación de Servicios versus el Contrato de Trabajo a lo largo de los treinta años de vigencia del Código Civil peruano de 1,984

JORGE LUIS MAYOR SANCHEZ

                                                                                              Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú

                                                                               Doctor en Derecho del Trabajo  por la Universidad de Salamanca – España

                                                                                                                                    Email: jorgel.mayors@pucp.pe

Sumilla: 
1. Introducción. 
2. Precisiones con relación al presente tema de estudio. 
3. El Contrato de Trabajo versus el Contrato de Locación de Servicios. 
4.  Diferencia entre Contrato de Trabajo y Locación de Servicios. 
5. ¿Hablamos de un trabajador dependiente o independiente? 
6. En la práctica el Tribunal Constitucional precisa la diferencia entre contrato de trabajo y contrato de locación de servicios retenciones. 
7.  El Contrato de Locación de Servicios en el Código Civil de 1984. 
8.  La no inclusión del contrato de trabajo en el Código Civil de 1984. 9. Conclusión. 10. Bibliografía.

Introducción.

Durante toda la vigencia del Código Civil peruano de 1984 se ha presentado en la práctica una serie de situaciones en las cuales se tiende a enmarcar una relación laboral dentro de los alcances y los límites propios de un contrato de locación de servicios, lo que atenta contra lo establecido en nuestro actual ordenamiento jurídico laboral. Es por ello que debe tenerse en cuenta que si lo que se quiere iniciar realmente es una relación laboral o no, se deberá suscribir un contrato de trabajo conforme a las leyes laborales del Estado peruano y, en caso contrario, si corresponde realmente una relación eminentemente de carácter civil deberá celebrarse única y exclusivamente un contrato de locación de servicios tal como lo contempla el aún vigente Código Civil de 1,984. 

Documento completo en formato pdf.    

¿Cómo se entiende la ley?

Las fuentes formales del Derecho son los medios clásicos de formación de las normas jurídicas. Estas son:

1. Legislación

2. Costumbre jurídica

3. Jurisprudencia

4. Doctrina

5. Declaración de voluntad.

De ellas la más importante es la Legislación, la cual refiere a la Ley.

La ley es la norma escrita emanada de autoridad estatal. En sentido estricto es la que hace el Poder Legislativo. En sentido amplio, hace referencia a la facultad que tienen los otros órganos de elaborar resoluciones, decretos y otros con carácter de Ley.

Definición y fuentes del Derecho Procesal Penal

Fuentes del Derecho Romano

Definición del Proceso Penal

El presente mapa conceptual señala los dos sistemas penales en los cuales aún estamos inmersos en Perú. 

Grupos de Derecho Procesal Administrativo

Turno: Noche - Aula: 605 - B - Profesora: Claudia Flores.

El presente post es para informar sobre la lista de grupos (hacer clic al ícono) para el curso de Derecho Procesal Administrativo.

Los nombres y apellidos que se han registrado son tal cual fueron escritos en sus papeles, respeto las faltas de tildes y nombres poco convencionales.

Los Temas son los siguientes:

La Prueba dinámica

Tomado de: http://www.estudiojuridicolingsantos.
com/2011/11/es-posible-presentar-pruebas.html

La prueba dinámica es un recurso que utilizan los jueces para determinar sobre quién pesa la carga de la prueba en caso excepcional – cuando la parte que alega no puede demostrar con pruebas porque le son de imposible acceso -  considerando que la otra parte se encuentra en mejores condiciones profesionales, técnicas o de hecho para producirlas.

El Tribunal Constitucional en el Exp. No 1776-2004-AA/TC, señala sobre la prueba dinámica:

“La utilización de la prueba dinámica

Se ha señalado prima facie que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, según lo presenta el artículo 196º del Código Procesal Civil. Frente a ello, la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del proceso o procedimiento, por lo que es necesario plantear nuevas reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva.”

Así mismo, en el mismo documento se señala que la prueba dinámica no es ajena a nuestro ordenamiento, mencionando los casos en los que se han aplicado:

• Violación de derechos humanos (párrafo 70 de la sentencia del caso Paniagua Morales y otros, párrafo 65 de la sentencia del caso Durand y Ugarte y párrafo 63 de la sentencia del caso Castillo Petruzzi, todas ellas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

• Cumplimiento de condiciones de los trabajadores (artículo 27 de la Ley procesal del Trabajo, Ley No 26639[1]).

• Impugnación de pago de tasa en tributación municipal (sentencias recaídas en el Expediente No 0041-2004-AI/TC y en el Expediente 005-2004-AO/TC).

• Protección al usuario (Punto 2 de la Resolución No 102-97-TDC-INDECOPI).

Por lo que podemos decir, entonces la prueba dinámica es una excepción al artículo 196º del Código Procesal Civil[2], aunque ésta menciona una flexibilización a la tradición “quien alega debe probar”, al iniciar su redacción con “salvo disposición legal diferente”.

Además, el artículo 282º del Código Procesal Civil[3] da pie a la aplicación de esta regla procesal, al permitir al juez considerar la conducta de las partes con relación a su cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios.

En conclusión, podemos decir que aunque no ha tenido una consagración legal expresa en nuestro código, la teoría de la prueba dinámica es de aplicación notoria en nuestro sistema procesal civil.

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[1] “Artículo 27.- CARGA DE LA PRUEBA.- Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y

esencialmente:

1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.

2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales,

los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo.

3. Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su nulidad cuando la

invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.”

[2] “Artículo 196º Carga de la Prueba

Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”.

[3] Artículo 282º Presunción y conducta procesal de las partes

El Juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a la conducta que éstas asumen en el proceso particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras actitudes de obstrucción. Las conclusiones del Juez estarán debidamente fundamentadas.”

TRABAJO DE EXPOSICIÓN – DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO

Nuestra docente, Mg. Claudia Flores, nos pide que conformemos grupos de seis estudiantes y presentemos nuestra propuesta de exposición, el cual considera lo siguiente:

• Teoría sobre una entidad pública (de preferencia un organismo regulador).

• Una casuística de dicha entidad.

• El documetno a presentar debe considerar los requisitos de una monografía y debe ser de diez (10) páginas como máximo.

Por otra parte, tenemos como TAREA el siguiente foro: "Con relación a la carga de la prueba, señale que opinión le merece la prueba dinámica desarrollada por el Supremo Interprete de la Constitución". (hacer clic al ícono para ir al campus). 

El Poder Ejecutivo

Tipologías de la Democracia

En el presente mapa conceptual, se presentan algunas de las tipologías de la democracia según el criterio de participación de representantes y ciudadanos:

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO - LISTA DE GRUPOS.

Turno: Noche - Aula: 605 - B - Profesora: Claudia Flores.

El presente post es para informar sobre la lista de grupos (hacer clic al ícono) para el debate de casos del curso de Derecho Procesal Administrativo.

El documento ha sido actualizado, sin embargo existe un problema ya que se han formado tres grupos más a pesar de que solo se pidió 2. Así que se ha procedido a colocar el listado de estos grupos según el orden en que presentaron.

Los nombres y apellidos que se han registrado han sido tal cual fueron escritos en sus papeles, respeto las faltas de tildes y nombres poco convencionales. 

Debida Motivación vs Motivación Aparente

El artículo 139.5 de la CPP señala que son principios y derechos de la función jurisdiccional “la motivación de las resoluciones judiciales en todas las instancias (…) con mención expresa de la ley y los fundamentos de hecho en que se sustentan”.

De lo que podemos inferir que la “debida motivación” es un derecho y competencia del órgano jurisdiccional, pero esa competencia le es una obligación. En cuanto al justiciable, la debida motivación la podemos considerar como un derecho.

En el expediente No 03283-2007 – PA/TC, FJ.3, el TC ha señalado que “la motivación de una decisión no solo consiste en expresar la norma legal en la que se ampara, sino fundamentalmente en exponer suficientemente las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”.

De lo anterior, podemos concluir que la debida motivación es justificación razonada basada en la exposición de la norma legal, las razones de hecho y el sustento jurídico que permiten al juez fundamentar su decisión.

Sobre la motivación aparente:

La debida motivación es la justificación razonada que fundamenta las decisiones judiciales donde expone la norma legal, las razones de hecho y el sustento jurídico. Cuando se falta a estas características y no responde a los hechos ni derechos, se está con una “aparente motivación”, muchas veces producto de seguir un cumplimiento formal. 

COMUNICADO - DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO

Turno: Noche - Aula: 605 - B - Profesora: Claudia Flores.

El presente post es para informar sobre la lista de grupos (hacer clic al ícono) para el debate de casos del curso de Derecho Procesal Administrativo.

Cualqueir inconveniente escriban algún comentario en el post.

Nulidad de oficio y Revocación del Acto Administrativo

Al referirnos a la nulidad o revocación a veces solemos confundirlos, por ellos aquí les presento algunas diferencias de estas instituciones jurídicas pertenecientes al control administrativo:

El bien común

El presente organizador visual, hace referencia a cómo podemos entender al bien común y cuáles son sus dimensiones:

Por otra parte, añadimos el artículo 44 del título II, Capítulo 1 de la CPP (1993), como argumento legal constitucional del rol del Estado en relación al bien común:

“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación”.